Joaquín Rocamora Manteca · SecretarioLocal.com
02 de noviembre de 2026 · Contratación
La proximidad de un hito de financiación europea sitúa al gestor local ante una preocupación comprensible: que una inversión necesaria para el municipio pierda su financiación antes de poder ejecutarse. Si, después de la adjudicación, se interpone un recurso especial y el procedimiento queda suspendido, esa preocupación puede convertirse en una petición urgente de formalizar el contrato. Es entonces cuando resulta más necesario distinguir entre la importancia del proyecto, la competencia para decidir y las garantías del recurso.
La cuestión jurídica es concreta: qué órgano puede mantener o levantar la suspensión, mediante qué cauce y con qué justificación. A ella se añade otra: qué oportunidad debe tener el recurrente de conocer y contradecir las razones y los documentos que se aportan para solicitar el levantamiento.
La respuesta exige partir de la legislación española de contratación pública y situar en ese marco la jurisprudencia europea. La sentencia I-Sete, de 17 de septiembre de 2026, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aporta un criterio relevante: el riesgo de perder financiación europea debe valorarse, pero no justifica por sí solo prescindir de los restantes intereses ni de la audiencia del recurrente.
El propósito de este análisis es trasladar esa cuestión al expediente municipal. La urgencia financiera merece una respuesta jurídica diligente. Para obtenerla, el ayuntamiento necesita identificar quién decide, justificar su petición con documentos y facilitar una decisión que respete la posibilidad de contradicción.
El recurso especial se regula en los artículos 44 a 60 de la Ley de Contratos del Sector Público, que en adelante denominaremos Ley de Contratos. Su desarrollo se encuentra en el Reglamento del recurso especial.
La aplicación de este Reglamento requiere cierta cautela. Se aprobó bajo la legislación anterior y conserva referencias a normas sustituidas o derogadas. Sus previsiones deben leerse junto con la legislación posterior y aplicarse en cuanto sean compatibles con ella. El expediente debe identificar la regulación vigente que corresponda en cada caso.
Cuando resulta aplicable el artículo 53 de la Ley de Contratos, el recurso contra la adjudicación suspende la tramitación. El órgano de contratación debe hacer efectiva esa suspensión. Corresponde al órgano que resuelve el recurso decidir sobre su mantenimiento o levantamiento. El ayuntamiento interviene aportando el expediente, formulando alegaciones y acreditando las circunstancias relevantes.
También deben tenerse en cuenta la Ley del Procedimiento Administrativo Común, especialmente sus reglas sobre plazos, registros electrónicos, alegaciones y audiencia, y el Real Decreto-ley 36/2020, cuyo artículo 58 establece especialidades para determinados contratos del Plan de Recuperación.
La tutela cautelar judicial tiene su propio régimen en los artículos 129 y 130 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Conviene distinguirla del incidente tramitado ante el órgano administrativo que resuelve el recurso especial.
La sentencia I-Sete procede de litigios portugueses sobre contratos de centrales fotovoltaicas. Examina una regulación nacional que permitía levantar provisionalmente la suspensión ante el riesgo de perder financiación. No enjuicia directamente la Ley de Contratos ni declara inválido el Reglamento español. Su interés para la práctica local reside en los criterios que establece sobre la efectividad del recurso, la audiencia y la ponderación de intereses.
La sentencia considera contrario a la normativa europea un mecanismo que permita ese levantamiento sin audiencia previa del licitador excluido que recurre y sin una valoración efectiva de los intereses afectados.
La financiación constituye un interés legítimo, pero no puede prevalecer sistemáticamente sobre los demás. Como explica la sentencia, valorar esos intereses para decidir sobre la suspensión no exige resolver definitivamente la legalidad de la adjudicación. También deben distinguirse la protección anterior a la celebración del contrato y las consecuencias de un contrato ya formalizado.
El artículo 53 de la Ley de Contratos establece la suspensión cuando el acto recurrido es la adjudicación, con las excepciones previstas para los contratos basados en acuerdos marco y los contratos específicos de sistemas dinámicos de adquisición. En estos casos siguen siendo posibles las medidas cautelares previstas legalmente. Recurrir exclusivamente la exclusión de un licitador no equivale, por sí mismo, a recurrir la adjudicación.
Conviene mantener la distinción entre la suspensión que deriva directamente de la ley y la medida cautelar acordada por el órgano de recurso. Ambas pueden impedir que avance la contratación, pero tienen distinto origen y régimen. El artículo 25.1 del Reglamento excluye de su ámbito los supuestos de suspensión automática establecidos legalmente.
El órgano de contratación debe identificar el supuesto y respetar sus efectos. La suspensión nace por mandato legal: la actuación municipal la reconoce y cumple. Si el ayuntamiento desconocía el recurso, la recepción del requerimiento del tribunal explica cuándo pudo actuar, pero no modifica el momento en que nació la suspensión. El órgano de contratación tampoco dispone de una facultad propia para levantarla por razones de urgencia, interés municipal o financiación.
Cuando el procedimiento se divide en lotes, debe precisarse cuáles son objeto del recurso. El artículo 21.3 del Reglamento limita la suspensión a los lotes cuya adjudicación se impugna. La división debe responder al objeto del contrato y a las condiciones del artículo 99 de la Ley de Contratos. Esa delimitación permite conocer qué actuaciones pueden continuar sin afectar a la impugnación.
El artículo 56.3 de la Ley de Contratos ordena trasladar el recurso a los restantes interesados dentro de los cinco días hábiles siguientes a su interposición, concediéndoles otros cinco días hábiles para alegar. Simultáneamente, el órgano de recurso debe decidir, en cinco días hábiles, sobre las medidas cautelares solicitadas o acumuladas al recurso y, cuando proceda, sobre el mantenimiento de la suspensión automática.
La suspensión continúa hasta que se acuerda expresamente su levantamiento. El transcurso del plazo para decidir no la extingue.
Esta previsión debe orientar la lectura del artículo 21.2 del Reglamento, que establece una revisión de oficio de la suspensión una vez transcurridos treinta días hábiles desde la interposición. El tribunal puede dejarla sin efecto si concurren nuevas circunstancias que lo requieran. Esa revisión no impide decidir antes ni desplaza la regulación legal.
El órgano de contratación puede aportar los datos que justifiquen su petición. La decisión corresponde al órgano de recurso y debe estar motivada, responder a las circunstancias acreditadas y respetar la contradicción.
El artículo 57.3 de la Ley de Contratos exige que la resolución final levante la suspensión que subsista. Ese pronunciamiento no permite formalizar en cualquier circunstancia. Si se anula la adjudicación o se ordena retrotraer actuaciones, primero debe cumplirse lo resuelto y comprobarse el régimen de formalización del artículo 153.3.
La competencia para decidir sobre la suspensión deriva de la Ley de Contratos. El Reglamento concreta otras funciones: su artículo 23 reserva al tribunal la apreciación de los requisitos de admisión, y el artículo 28.4 exige que el órgano de contratación acompañe al expediente un informe sobre su tramitación, con las alegaciones jurídicas relativas a las medidas provisionales y al fondo del asunto.
Ese informe es el cauce ordinario para exponer la posición municipal. Las notas de la unidad promotora, los informes económicos y los documentos sobre financiación pueden servir de apoyo, pero deben incorporarse de forma ordenada a la argumentación dirigida al órgano de recurso.
El artículo 28.2 del Reglamento exige un expediente completo y ordenado, con índice, diligencia de autenticación e identificación de los documentos declarados confidenciales. Estas exigencias tienen una finalidad práctica: que el tribunal pueda localizar los antecedentes, comprobar su integridad y resolver sin requerimientos evitables.
Si la documentación está incompleta, el artículo 28.3 prevé requerir su complemento en dos días hábiles. Ante la falta de remisión del expediente o de sus complementos, la Secretaría del Tribunal debe reclamarlos nuevamente. Si transcurren otros dos días hábiles sin recibirlos, se da traslado del incidente al recurrente para que formule alegaciones y aporte documentos en cinco días hábiles. Después continúa el procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes.
Una remisión rigurosa contribuye a la rapidez que necesita el ayuntamiento.
El artículo 30 del Reglamento señala cuándo debe solicitarse la prueba: el recurrente, en su escrito de interposición; los restantes interesados, en sus alegaciones; y el órgano autor del acto recurrido, en el informe que acompaña al expediente.
La petición municipal de levantamiento debe apoyarse ordinariamente en ese informe. Para valorar el riesgo financiero no basta con afirmar que se aproxima una fecha. Resulta útil identificar:
El acto o instrumento que concede la financiación y sus condiciones.
El hito exigido, su fecha y la actuación que debe haberse completado.
El importe afectado y las consecuencias del incumplimiento.
Las posibilidades de prórroga, reprogramación o adaptación y las gestiones realizadas.
La relación entre la suspensión y el riesgo alegado, acompañada de una cronología de la tramitación.
Esta relación constituye una pauta de trabajo para acreditar el riesgo. El artículo 30 regula la solicitud de prueba, pero no prohíbe de forma absoluta aportar documentos después del informe. También permite al tribunal acordar prueba, de oficio o a petición de los interesados, antes de resolver. Los hechos y documentos posteriores deben incorporarse de manera que quienes resulten afectados puedan conocerlos y contradecirlos.
La diligencia en la preparación del contrato también importa. Una licitación iniciada con poco margen temporal exige explicar las decisiones adoptadas y las alternativas disponibles. Esa circunstancia puede influir en la ponderación, aunque no permite descartar de antemano el interés público de la inversión ni los demás intereses concurrentes.
La caución es potestativa. El artículo 49.3 de la Ley de Contratos y el artículo 26 del Reglamento permiten exigirla para responder de los perjuicios derivados de las medidas cautelares. Por tanto, no acompaña necesariamente a toda medida.
La cuantía reglamentaria de referencia es el cinco por ciento del presupuesto de licitación o del importe de adjudicación, según el momento, sin IVA. El tribunal puede fijar motivadamente una cuantía inferior o superior. Si no existe presupuesto o importe de adjudicación, atenderá a los posibles daños. El plazo para constituirla no puede superar los diez días hábiles.
El artículo 27 del Reglamento permite constituirla mediante aval bancario, seguro de caución o depósito en metálico o en valores de deuda pública del Estado. Su previsión sobre la ausencia de recurso debe interpretarse junto con el artículo 49.2 de la Ley de Contratos y la posibilidad de impugnar la resolución del procedimiento principal. El control judicial sigue siendo posible.
Este régimen no convierte la suspensión automática en una medida sujeta a fianza. Tampoco establece una garantía equivalente a cargo del poder adjudicador por obtener el levantamiento. Esa diferencia no determina por sí sola una regla sobre la carga de la prueba. La petición debe justificarse por los hechos cuya valoración se solicita y por los efectos que puede producir la formalización, incluidos los de difícil reversión práctica.
El artículo 25.1 del Reglamento contempla una audiencia del órgano de contratación durante dos días hábiles cuando el tribunal actúa de oficio en el ámbito de las medidas provisionales allí reguladas. No establece una audiencia equivalente y específica para el recurrente cuando el poder adjudicador solicita el levantamiento. Por su parte, el artículo 29 regula las alegaciones ordinarias de los restantes interesados comparecidos, con un plazo de cinco días hábiles.
Las garantías de defensa se completan con la remisión al procedimiento común del artículo 56.1 de la Ley de Contratos y con los derechos de alegación y audiencia reconocidos en los artículos 76 y 82 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
La falta de una previsión específica en el Reglamento no permite apartar de la contradicción los elementos decisivos de una petición que pueda afectar a la utilidad del recurso.
La sentencia I-Sete refuerza la necesidad de una audiencia efectiva. El recurrente debe poder conocer y contradecir esos elementos antes de que se resuelva. No procede establecer por analogía un plazo general de dos días ni trasladar automáticamente los diez a quince días del trámite ordinario de audiencia. El órgano de recurso debe articular un cauce que permita atender tanto a la rapidez como a la defensa.
También debe tenerse en cuenta la excepción del artículo 82.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común: puede prescindirse de la audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni se tengan en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas que los aportados por el propio interesado. Esa situación es distinta de la incorporación de nuevas razones o documentos municipales.
Desde la perspectiva municipal, resulta prudente solicitar que la petición de levantamiento y su documentación se trasladen al recurrente. Esa solicitud no garantiza por sí sola la validez del trámite, y su ausencia tampoco demuestra que se haya omitido la audiencia. Lo decisivo es la oportunidad efectiva de contradicción y su incidencia en la defensa.
El artículo 39.2.e de la Ley de Contratos establece la nulidad de pleno derecho del contrato formalizado sin respetar la suspensión automática procedente o la suspensión cautelar acordada en el recurso especial. Los efectos de esa invalidez se regulan en el artículo 42.
Debe distinguirse este supuesto del incumplimiento del plazo de espera para formalizar, previsto en el artículo 39.2.d, que tiene sus propios requisitos.
El artículo 22.3 del Reglamento conserva la regulación de la antigua cuestión de nulidad. Esa figura no debe presentarse como un procedimiento autónomo actualmente vigente. Es necesario acudir a las causas de invalidez, los actos recurribles y los plazos de la Ley de Contratos, especialmente a sus artículos 39.2, 44 y 50.2.
Lo mismo sucede con las referencias antiguas sobre notificaciones del artículo 19.5 del Reglamento: deben contrastarse con el artículo 40.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 151 de la Ley de Contratos.
Formalizar durante la suspensión no sanea la contratación. Tampoco toda estimación parcial de un recurso provoca la nulidad íntegra del contrato. Deben identificarse el acto anulado y la causa de invalidez aplicable, relacionando cada consecuencia con su presupuesto legal.
La financiación europea no implica por sí sola la aplicación del régimen especial del Plan de Recuperación. El artículo 58 del Real Decreto-ley 36/2020 se aplica a los contratos financiados con fondos de ese Plan que sean susceptibles de recurso especial y cuya selección del contratista se haya tramitado efectivamente de forma electrónica.
En estos contratos, el plazo de espera para formalizar es de diez días naturales desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación. El plazo para recurrir es también de diez días naturales, con el cómputo establecido en el artículo 50.1 de la Ley de Contratos.
El órgano de recurso debe pronunciarse expresamente, en cinco días hábiles desde la interposición, sobre las causas de inadmisibilidad y el mantenimiento de las medidas cautelares, incluida la suspensión automática. Estos recursos tienen carácter urgente y preferencia absoluta.
Las especialidades aceleran la respuesta, pero no levantan automáticamente la suspensión ni atribuyen esa decisión al órgano de contratación. Antes de aplicarlas, el expediente debe justificar que concurren sus condiciones.
El órgano de contratación debe respetar y hacer efectiva la suspensión cuando resulte aplicable. La conveniencia municipal no le permite dejarla sin efecto.
Deben distinguirse la suspensión automática y las medidas provisionales acordadas por el órgano de recurso.
La suspensión permanece hasta su levantamiento expreso. La resolución final debe alzar la que subsista, aunque su contenido puede impedir formalizar o exigir que se retrotraigan actuaciones. La revisión reglamentaria a los treinta días no impide decidir antes.
El ayuntamiento expone su posición mediante el informe que acompaña al expediente, con sus alegaciones, documentos y solicitudes de prueba. El expediente debe remitirse completo, ordenado, con índice y autenticado.
El riesgo de perder financiación exige una acreditación individualizada de sus condiciones, fechas, importes, alternativas y relación con la suspensión.
La falta de una audiencia específicamente regulada para el incidente de levantamiento no permite prescindir de una contradicción efectiva.
Formalizar sin respetar la suspensión puede determinar la nulidad del contrato. La antigua cuestión de nulidad del Reglamento no debe utilizarse como una vía autónoma vigente.
En los procedimientos por lotes debe precisarse el alcance de la impugnación y de la suspensión.
Las especialidades del Plan de Recuperación solo se aplican cuando concurren sus requisitos. No se extienden a toda financiación europea.
Dejar constancia de la interposición y del momento en que tuvo conocimiento del recurso.
Comprobar el acto impugnado, las excepciones a la suspensión y, cuando proceda, los requisitos del régimen del Plan de Recuperación.
Comunicar la suspensión a las unidades que intervienen en la formalización, el control económico, la ejecución y la financiación.
Delimitar los contratos o lotes afectados y las actuaciones suspendidas.
Verificar que esté completo y ordenado, con índice, diligencia de autenticación e identificación de los documentos confidenciales.
Incorporar la relación de participantes y sus números de identificación fiscal, con el desglose de las uniones temporales que corresponda.
Incluir en el informe las alegaciones sobre las medidas provisionales y el fondo, así como las solicitudes concretas de prueba.
Si solicita el levantamiento, pedir que la solicitud y sus documentos se trasladen al recurrente.
Incorporar la resolución o el convenio de financiación y sus condiciones.
Precisar el hito, su fecha, la actuación exigida y el importe comprometido.
Explicar las posibilidades de prórroga o reprogramación y acreditar las gestiones realizadas.
Elaborar una cronología que distinga el tiempo asociado al recurso del empleado en la preparación y tramitación municipal.
Exponer las alternativas y las medidas examinadas para reducir el riesgo.
Mantener paralizada la formalización mientras continúe la suspensión.
Examinar íntegramente la resolución recibida y cumplir sus efectos, incluidas las anulaciones o retroacciones acordadas y las reglas de formalización.
Coordinar el seguimiento jurídico y técnico para evitar actuaciones incompatibles con la situación del expediente.
Comprobar los pronunciamientos sobre el mantenimiento de la suspensión y, cuando corresponda, su revisión de oficio.
Incorporar la resolución al expediente y comunicar su alcance a las unidades afectadas.
El primero es atribuir a la Alcaldía una decisión que corresponde al órgano de recurso. La urgencia de la inversión no altera la distribución de competencias. Un acuerdo municipal no puede sustituir la decisión del tribunal sobre el levantamiento.
Otro error consiste en sustituir la justificación por una declaración de urgencia. La nota de la unidad promotora puede advertir de un problema real, pero el informe debe explicar su fundamento jurídico y acompañar los documentos que permitan valorarlo.
También debe evitarse presentar la financiación europea como una causa automática de levantamiento. El riesgo debe acreditarse y valorarse junto con los demás intereses. La revisión reglamentaria a los treinta días tampoco impide un pronunciamiento anterior conforme a la ley.
Remitir un expediente incompleto para anticipar su entrada puede generar requerimientos y retrasar el examen de la petición. La rapidez debe medirse por la posibilidad de resolver con la documentación recibida.
Del mismo modo, reproducir las remisiones antiguas del Reglamento sin identificar la norma vigente deja incompleta la fundamentación. Debe explicarse qué regulación resulta aplicable y en qué medida conserva utilidad la previsión reglamentaria.
Por último, considerar fundada la petición municipal no elimina la necesidad de que el recurrente conozca sus razones y tenga oportunidad de responder.
Los cómputos también requieren atención. No todos los plazos se expresan en días hábiles, como muestra el régimen del Plan de Recuperación. Para los plazos hábiles, el artículo 30 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común excluye sábados, domingos y festivos y prorroga el vencimiento al primer día hábil siguiente cuando el último sea inhábil. Además, debe identificarse el momento inicial de cada trámite, porque no todos comienzan con una notificación.
En los registros electrónicos se aplica el calendario de la sede, conforme al artículo 31 de esa misma ley. También deben comprobarse la fecha y hora oficiales y las reglas de presentación. No procede añadir automáticamente los festivos del municipio del recurrente al calendario del registro electrónico.
La primera es la competencia. Cuando la ley atribuye la decisión a un órgano distinto del municipal, corresponde identificar esa atribución y ordenar la actuación local de acuerdo con ella. La presión del calendario no cambia quién debe resolver.
La segunda es la prueba. Defender una inversión municipal exige explicar con claridad qué financiación está comprometida, en qué fecha, con qué consecuencias y qué posibilidades de adaptación se han examinado. Esa precisión permite valorar el interés público que representa el ayuntamiento.
La tercera es la planificación. La posibilidad de recurso forma parte del marco ordinario de la contratación. Siempre que sea posible, el calendario debe reservar margen para su tramitación y para las decisiones cautelares. La división en lotes, cuando proceda jurídicamente, y la coordinación temprana con la unidad responsable de la financiación pueden reducir la exposición del proyecto.
La cuarta es el rigor interpretativo. La convivencia entre una ley posterior y un reglamento con referencias antiguas obliga a comprobar la correspondencia entre normas. Así se evita trasladar al expediente soluciones o categorías que han cambiado.
También existe una dimensión de servicio público. Tras el contrato hay una necesidad del municipio; tras el recurso, un operador que solicita una revisión efectiva. La función jurídica local debe atender ambas realidades mediante una tramitación diligente y una defensa documentada del interés municipal, respetando las garantías del procedimiento.
Cuando opera la suspensión del artículo 53 de la Ley de Contratos, esta permanece hasta que el órgano de recurso acuerda expresamente su levantamiento, al decidir sobre la suspensión o al resolver el recurso. El órgano de contratación puede solicitar una decisión favorable, pero debe dirigirse a quien tiene la competencia, aportar un expediente completo y acreditar las circunstancias que invoca. Después deberá cumplir íntegramente lo resuelto.
La posible pérdida de financiación europea requiere una explicación individualizada y una valoración conjunta de los intereses afectados. No permite al ayuntamiento formalizar por su cuenta ni prescindir de la oportunidad efectiva del recurrente de conocer y contradecir la petición.
La contribución municipal más útil consiste en facilitar la decisión: ordenar los antecedentes, precisar el riesgo, explicar las alternativas y promover el traslado de la solicitud al recurrente. Así se protege la viabilidad de la inversión y la seguridad jurídica de la contratación, con una respuesta a la urgencia que respeta las garantías del recurso especial.
