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Oferta técnica ilegible: aplicar el pliego y motivar la respuesta

Joaquín Rocamora Manteca · SecretarioLocal.com

La memoria técnica ilegible no excluye por sí sola: decide el pliego

8 de noviembre de 2026

Al abrir el sobre de los criterios sujetos a juicio de valor, el archivo de la memoria técnica no puede leerse. La mesa requiere una copia, el licitador no contesta y hay que decidir si la proposición sale del procedimiento o continúa con cero puntos en ese sobre.

La decisión corresponde a los pliegos, interpretados en su conjunto. La sentencia 461/2026, de 18 de marzo, de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (ECLI:ES:TSJCAT:2026:1883), declara conforme a derecho el mantenimiento de la licitadora con cero puntos porque el pliego asignaba esa nota a la falta de propuesta, dejaba la exclusión a la apreciación de la mesa y el requerimiento no la había anunciado. Con otras cláusulas, la solución puede ser la exclusión.

Mantener la oferta produce además un efecto que el pliego debe prever: si la fórmula toma como referencia la mejor oferta, la proposición sin memoria sigue determinando la puntuación de las demás. En Sitges, ese efecto podía alterar por sí solo el orden de clasificación.

Cero puntos en lugar de exclusión: lo que establecían los pliegos de Sitges

El litigio versaba sobre una autorización de uso privativo del dominio público marítimo-terrestre para la explotación de un chiringuito y servicios de temporada en una playa de Sitges. Una de las licitadoras (en adelante, la licitadora afectada) presentó en el sobre B, el de los criterios sujetos a juicio de valor, un PDF ilegible y no atendió el requerimiento para aportar, en tres días hábiles, una copia de seguridad en soporte físico electrónico. La mesa le asignó cero puntos y abrió su sobre C. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona anuló la adjudicación y ordenó excluirla y puntuar de nuevo; la Sala revoca parcialmente esa sentencia.

El fundamento séptimo descarta cualquier automatismo entre la ilegibilidad del archivo y la exclusión. La cláusula 9 otorgaba cero puntos cuando "No se presenta ninguna propuesta". La cláusula 12.4 encomendaba a la mesa valorar las consecuencias según el documento afectado y, si este era imprescindible para conocer o valorar la oferta, disponía que "la mesa podrá acordar la exclusión de la empresa".

El inciso final de la cláusula 12, conforme al cual no se aceptarían las proposiciones con omisiones o errores que impidieran valorarlas, tampoco imponía esa consecuencia: "No es lo mismo no aceptar un sobre sobre la valoración de los criterios susceptibles de valoración, que excluir del procedimiento de contratación". El requerimiento, por su parte, no advertía de que la falta de respuesta determinaría la exclusión.

El argumento decisivo es de coherencia interna. Quien no hubiera presentado memoria alguna habría obtenido cero puntos y habría seguido en el procedimiento, y la Sala no encuentra razón para tratar peor a quien la presentó en un archivo que no pudo leerse, "siendo a juicio de este tribunal a estos efectos lo mismo, no aportar la memoria, que aportarla en un formato no legible".

Un criterio ligado a estos pliegos y a un negocio demanial

La propia sentencia aporta las razones para no extrapolarla sin cautela. Su objeto era una autorización demanial, a la que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), solo se aplicaba en la medida señalada por la cláusula 2 de los pliegos. Procede además de un tribunal superior de justicia, y la Sala recuerda, al descartar el valor de una sentencia de la Audiencia Nacional, que estos órganos "tienen criterios o precedentes, pero no son jurisprudencia". El fallo indica que cabe preparar recurso de casación.

Quedan también sin resolver las cuestiones que más interesan al órgano de contratación. La licitadora no aportó copia alguna, de modo que la Sala no examina si debe ser idéntica al archivo original ni cómo se acredita esa identidad. Precisa, por otra parte, que "no estamos analizando la adjudicación": la licitadora afectada obtuvo 26 puntos y quedó en el puesto 20 de 21.

No trasladaría este criterio sin más al supuesto en que la memoria contenga compromisos de ejecución o prestaciones mínimas, ni a aquel en que quien carece de propuesta técnica legible pudiera resultar adjudicatario. El artículo 139.1 de la LCSP exige que las proposiciones se ajusten a los pliegos, y difícilmente puede adjudicarse un contrato sobre una prestación que nadie ha podido conocer.

La proporcionalidad del artículo 57 de la Directiva opera aquí como refuerzo

La Sala considera la solución de la mesa conforme con el principio de proporcionalidad, y lo deduce de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los motivos de exclusión del artículo 57 de la Directiva 2014/24/UE (asunto C-66/22) y de la sentencia 523/2022, de 4 de mayo, de la Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictada sobre la infracción del deber de secreto de las proposiciones.

El traslado admite alguna reserva. El artículo 57 regula circunstancias del operador económico, mientras que la conformidad de la oferta con los pliegos tiene su sede en el artículo 56.1.a) de la misma Directiva. A mi juicio, la conclusión se sostenía con la sola interpretación de las cláusulas 9 y 12.4, y la proporcionalidad actúa como argumento añadido.

El matiz tiene consecuencias. Donde el pliego configure la memoria legible como condición de admisión y anude a su falta la exclusión, la proporcionalidad difícilmente permitirá a la mesa sustituir esa consecuencia por otra más benigna, porque los pliegos vinculan también a la Administración que los aprobó.

El cero no neutraliza el canon: la fórmula siguió contando con él

La cláusula 9 puntuaba el canon con la fórmula PCI = 26 x Ci/Cx, en la que Cx es el canon más alto ofrecido. La licitadora afectada propuso 60.000 euros anuales, más de siete veces el precio de salida de 7.773,63 euros. La siguiente oferta era de 11.660,44 euros, la de la recurrente de 10.883,08 euros y la de la adjudicataria de 9.717,04 euros. El resultado varía de este modo según la referencia:

• Con 60.000 euros como canon más alto: recurrente, 4,72 puntos; adjudicataria, 4,21 puntos; diferencia, 0,51 puntos.

• Con 11.660,44 euros como canon más alto: recurrente, 24,27 puntos; adjudicataria, 21,67 puntos; diferencia, 2,60 puntos.

La cifra de 21,67 puntos es cálculo propio con la misma fórmula; las demás constan en la sentencia. La adjudicataria aventajó a la recurrente en 1,91 puntos, de modo que los 2,09 puntos adicionales habrían invertido la clasificación si nada más variase.

Por esa razón, el fundamento quinto reconoce legitimación a la recurrente, con apoyo en la sentencia 1579/2025, de 4 de diciembre, de la Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo: basta la posibilidad de alcanzar la adjudicación con la puntuación que resulte si el recurso prospera. Legitimación y fondo discurren por separado. El fallo estima en parte la apelación del Ayuntamiento, declara conforme a derecho la adjudicación y no impone costas, porque la licitadora afectada no incurría en causa de exclusión y el recálculo carecía de presupuesto.

Tampoco prosperan las alegaciones de anormalidad y de fraude de ley. La cláusula 10 medía la anormalidad por la puntuación de la oferta en su conjunto, y 26 puntos no superaban la media en un 10 %. En cuanto al fraude, la Sala observa que las proposiciones son secretas conforme al artículo 139.2 de la LCSP, que no se acreditó propósito de favorecer a otro licitador ni vínculo entre empresas y que siete de los ocho indicios invocados se reducían a uno solo, la cuantía elevada de la oferta.

Lo que el pliego debe resolver antes de abrir los sobres

• La consecuencia del archivo ilegible. Si se quiere la exclusión, el pliego ha de establecerla con carácter imperativo; la expresión "podrá acordar" abre un juicio de la mesa que después habrá que motivar.

• La función de cada contenido de la memoria. Lo que condiciona la admisión, como las prestaciones mínimas o los compromisos de ejecución, debe separarse de lo que solo se puntúa.

• El umbral técnico. El artículo 146.3 de la LCSP permite articular el procedimiento en fases, con un umbral mínimo del 50 % en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar. Quien no lo alcanza no llega a la fase económica y su oferta no entra en la fórmula. Según expuso el Ayuntamiento apelante, los pliegos de Sitges no fijaban puntuación mínima para el sobre B.

• La fórmula. El artículo 146.2 de la LCSP exige justificar su elección en el expediente. Una fórmula referida a la mejor oferta hace depender la puntuación de todos los licitadores de un único valor; a mi juicio, cuando quepa prever una dispersión elevada, debe ponderarse una referencia al presupuesto o al canon base.

En la mesa: comprobar antes de calificar y advertir al requerir

El archivo original se conserva sin alteración, y el acta debe reflejar qué aplicaciones se emplearon, qué error produjeron y qué páginas o documentos resultan afectados. El defecto puede estar en el visor o en la descarga, y la calificación de ilegible exige descartarlo.

La copia solo es admisible si es idéntica al archivo presentado en plazo, lo que debe poder comprobarse con la huella electrónica o el dato de integridad que ofrezca la plataforma. Una memoria distinta sería una proposición nueva presentada fuera de plazo. El plazo de tres días del artículo 141.2 de la LCSP se refiere a la declaración responsable y a la documentación del artículo 140, por lo que no ofrece cobertura general para completar una oferta técnica.

El artículo 84 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que también invocó la recurrente, enumera supuestos de rechazo entre los que no figura el archivo ilegible, de modo que la decisión habrá de apoyarse en el pliego. Si es de exclusión, sus motivos han de constar en la notificación de la adjudicación, conforme al artículo 151.2.b) de la LCSP.

Dos textos para el expediente

Cláusula para el pliego:

Si el archivo que contiene la memoria técnica resulta dañado o ilegible, la mesa comprobará esta circunstancia por los medios técnicos disponibles y dejará constancia de ella en el acta. A continuación, requerirá al licitador para que, en el plazo de [número] días hábiles, aporte una copia del archivo presentado, cuya identidad con este deberá poder verificarse mediante [huella electrónica / dato de integridad de la plataforma]. No se admitirá documento distinto del presentado dentro del plazo de presentación de proposiciones. Si no se atiende el requerimiento o no se acredita la identidad, la proposición [quedará excluida del procedimiento / obtendrá cero puntos en los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y continuará en el procedimiento].

Requerimiento al licitador:

Abierto el archivo [denominación] presentado por [licitador] en el sobre [letra], se ha comprobado mediante [aplicaciones empleadas] que [no puede abrirse / resultan ilegibles las páginas número]. De conformidad con la cláusula [número] del pliego de cláusulas administrativas particulares, se le requiere para que, en el plazo de [número] días hábiles, aporte copia idéntica del archivo presentado, sin modificación alguna. Se le advierte de que, si no atiende este requerimiento o la copia no coincide con el archivo presentado, se aplicará la consecuencia prevista en dicha cláusula: [consecuencia].

Fuentes

Sentencia 461/2026, de 18 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, ECLI:ES:TSJCAT:2026:1883.