07 de diciembre de 2025

1. Introducción: La Cuestión Jurídica y su Relevancia para la Administración Local

El debate sobre la posible equiparación de los permisos por asuntos propios a las vacaciones anuales retribuidas, especialmente cuando un empleado público se encuentra en situación de incapacidad temporal (IT), constituye un punto de fricción recurrente en la gestión de los recursos humanos. Este análisis se adentra en el corazón de esta controversia a través de la Sentencia 402/2025 del Juzgado de lo Social Nº 3 de Valladolid, una resolución que traza con notable claridad la frontera jurídica entre ambos derechos. Comprender esta distinción no es un mero ejercicio teórico; resulta de una importancia estratégica fundamental para las entidades locales, que necesitan basar sus decisiones en criterios sólidos que garanticen la seguridad jurídica y una gestión del personal previsible y equitativa.

El objeto de este informe es, por tanto, el análisis detallado de la Sentencia 402/2025, de 30 de junio, del Juzgado de lo Social Nº 3 de Valladolid (Roj: SJSO 2250/2025).

La cuestión jurídica central que aborda el fallo es si los días de permiso por asuntos particulares no disfrutados por un trabajador debido a una situación de incapacidad temporal pueden ser recuperados y disfrutados con posterioridad. El litigio, iniciado mediante un conflicto colectivo por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Ayuntamiento de Valladolid, pretendía que se aplicara a estos días el mismo tratamiento que la normativa y la jurisprudencia consolidada otorgan a las vacaciones anuales retribuidas en idénticas circunstancias.

A continuación, se expondrán los hechos que dieron origen a este conflicto, sentando las bases para comprender el razonamiento jurídico que finalmente desestimó dicha pretensión.

2. Contexto y Hechos Principales del Conflicto Colectivo

Para comprender en profundidad el razonamiento del tribunal, es imprescindible analizar los antecedentes fácticos que motivaron la demanda. El conflicto no surge de una situación individual aislada, sino de una discrepancia interpretativa de calado sobre el Convenio Colectivo, con potencial para afectar a todo el personal laboral del Ayuntamiento de Valladolid. La controversia se articuló a través de los cauces formales de negociación y, ante la falta de acuerdo, derivó en el procedimiento judicial.

La cronología de los eventos clave, extraída de los "Hechos Probados" de la sentencia, es la siguiente:

1. 31 de julio de 2024: La Sección Sindical de la CGT presenta una reclamación formal ante la Comisión Paritaria del Convenio. Su petición es clara: que los días de libre disposición (asuntos propios) reciban el mismo tratamiento que las vacaciones, permitiendo su disfrute más allá del año natural si una IT lo ha impedido, hasta un límite de 18 meses. Para fundamentar su solicitud, invocan la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2014.

2. Respuesta de la Administración: El Ayuntamiento de Valladolid rechaza la petición. Sostiene que la sentencia citada por el sindicato es una "referencia aislada" que no constituye jurisprudencia consolidada. Además, califica la solicitud de la CGT no como una mera interpretación del convenio vigente, sino como una "nueva negociación" de sus términos, lo que excede las competencias de la Comisión Paritaria.

3. Agotamiento de la vía previa: Al no alcanzarse un acuerdo en la Comisión Paritaria, se da por cumplido el requisito del artículo 150 del Convenio Colectivo, que establece este órgano como la primera instancia para la resolución de conflictos. Con ello, queda expedita la vía judicial para la interposición de la demanda.

4. 22 de noviembre de 2024: La demanda de conflicto colectivo es presentada por la CGT y tiene entrada en el Juzgado de lo Social.

5. 12 de junio de 2025: Se celebra el acto del juicio. Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF se adhieren a la demanda presentada por la CGT, mostrando un frente sindical común. Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid se opone formalmente a todas las pretensiones.

Esta secuencia de hechos pone de manifiesto una colisión de interpretaciones que solo podía ser resuelta mediante un análisis exhaustivo del marco legal y jurisprudencial aplicable.

3. Marco Normativo y Jurisprudencial Aplicado

La resolución del conflicto dependía de una interpretación sistemática de normas de distinto rango, desde el convenio colectivo local hasta la directiva europea sobre tiempo de trabajo. La sentencia construye su argumentación sobre un sólido andamiaje jurídico que es crucial desglosar para entender el fallo. A continuación, se detallan las herramientas normativas y jurisprudenciales que fundamentan la decisión judicial.

Normativa Interna

• Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Valladolid y sus Organismos Autónomos (BOP 28 de septiembre de 2022):

  • Artículo 69.f): Regula el permiso por asuntos particulares. La sentencia subraya dos aspectos clave de su redacción: establece un plazo de disfrute limitado ("a lo largo del año natural y hasta el 31 de marzo del año siguiente") y guarda un silencio absoluto sobre qué ocurre si una IT impide su disfrute en dicho plazo.

  • Artículo 61.6: Regula las vacaciones. En un contraste deliberado, este artículo sí prevé expresamente la posibilidad de disfrutar las vacaciones con posterioridad si coinciden con una IT, estableciendo un límite temporal claro de 18 meses desde el final del año en que se originaron. La juez utiliza esta diferencia regulatoria para reforzar la distinta naturaleza y tratamiento de ambos permisos.

• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (Estatuto Básico del Empleado Público - TREBEP):

  • Artículo 48.k): Reconoce el derecho general de los empleados públicos a disfrutar de días por asuntos particulares.

  • Artículo 50: Este precepto resulta clave en la argumentación. Regula explícitamente el derecho a posponer el disfrute de las vacaciones en caso de IT, maternidad, etc., pero no hace ninguna mención a los días por asuntos particulares. La sentencia interpreta este "silencio legislativo" no como un olvido, sino como una voluntad del legislador de no equiparar ambos derechos a estos efectos.

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (Estatuto de los Trabajadores):

  • Artículo 38.3: La sentencia lo cita como el precepto que positivizó en el ordenamiento laboral la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el disfrute de vacaciones tras una IT. De nuevo, se destaca que esta protección legal se circunscribió únicamente a las vacaciones, sin extenderse a otros permisos.

Normativa Europea

• Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003:

  • Artículo 7: Este artículo garantiza un período mínimo de cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas. La sentencia se apoya en la jurisprudencia del TJUE que interpreta este precepto para argumentar que la finalidad de esta protección especial es garantizar la seguridad y salud del trabajador a través del descanso. Por ello, esta protección reforzada no es extensible a otros permisos de origen nacional o convencional, como los días de asuntos propios, cuya finalidad es distinta.

Jurisprudencia Citada

La magistrada fundamenta su fallo en una línea jurisprudencial consolidada y abrumadora, que rechaza la equiparación pretendida por los demandantes.

Argumento Clave en la Sentencia Analizada: 

• TSJ Castilla y León (Cont.-Adm.) 11/09/2014, Rec. 875/2012: Diferencia el régimen jurídico, la causa y la finalidad de las vacaciones (descanso) y los asuntos propios (atención de asuntos personales)

• TSJ Castilla y León (Burgos) 05/07/2018, Rec. 146/2017: La finalidad de los asuntos propios es ser un "cajón de sastre" para eventualidades, no el descanso. Descarta la identificación con las vacaciones.

• TSJ Castilla y León (Burgos) 10/10/2019, Rec. 15/2018: Reitera la doctrina anterior sobre la distinta finalidad y régimen jurídico de ambos permisos.

• TSJ del País Vasco (Social) 19/01/2010, Rec. 2402/2009: Descarta la aplicación analógica de la doctrina del TJUE sobre vacaciones a los asuntos propios, por no ser un permiso garantizado por el Derecho comunitario.

• TSJ de Canarias (Social) 31/03/2022, Rec. 1595/2021: Inaplicable al caso, pues resolvía sobre el devengo proporcional de días adicionales por IT, no sobre el derecho a disfrute post-IT.

• Tribunal Supremo (Social) 15/09/2006: Define la finalidad de los asuntos propios: facilitar tiempo para gestiones personales que no pueden efectuarse durante el descanso semanal.

• Jdo. Social Nº 4 Valladolid 30/11/2016: Precedente local que comparte la conclusión de la sentencia analizada, negando la analogía por la finalidad netamente diferenciada de ambos permisos.

• TJUE 21/06/2012, Asunto C-78/11: Define la doble finalidad de las vacaciones retribuidas: permitir el descanso y disponer de un período de ocio y esparcimiento.

• TJUE 22/11/2011, Asunto C-214/10: Establece que, si bien el disfrute de las vacaciones puede posponerse por IT, existe un límite temporal más allá del cual pierden su efecto positivo.

• TJUE 24/01/2012, Asunto C-282/10: Reafirma el efecto directo del art. 7 de la Directiva 2003/88/CE, que obliga a inaplicar la normativa nacional que se oponga a él.

• TJUE 03/05/2012, Asunto C-337/10: La protección del Derecho de la UE se limita a las 4 semanas de vacaciones mínimas; los días adicionales o permisos distintos se rigen por la normativa nacional.

Este completo marco normativo y jurisprudencial es el que permite a la juzgadora construir un razonamiento lógico y coherente para desestimar la demanda.

4. Análisis Doctrinal y de la Jurisprudencia: La Distinción Esencial entre Descanso y Gestión Personal

Esta sección constituye el núcleo del análisis, desglosando el razonamiento lógico-jurídico de la magistrada. La sentencia no se limita a aplicar una norma, sino que construye una barrera conceptual insalvable entre el derecho a las vacaciones y el permiso por asuntos particulares, basándose en su finalidad, su origen normativo y la interpretación sistemática de la ley.

4.1. La Finalidad como Criterio Diferenciador Irreconciliable

El primer pilar de la argumentación es la distinta finalidad de cada permiso. La sentencia, apoyándose en jurisprudencia consolidada tanto nacional como del TJUE, reitera que las vacaciones tienen una doble finalidad esencial:

• Descanso: Permitir la recuperación física y psíquica del trabajador.

• Ocio y Esparcimiento: Disponer de un tiempo prolongado para el desarrollo personal y familiar.

Ambas finalidades están directamente vinculadas a la protección de la salud y seguridad del trabajador, un principio fundamental con finalidad tuitiva reconocido en el artículo 40.2 de la Constitución Española y en la Directiva 2003/88/CE. Es precisamente esta conexión con la salud la que justifica su especial protección.

En contraposición, el permiso por asuntos propios tiene una naturaleza completamente diferente. Se concibe como un "cajón de sastre" para que el trabajador pueda atender gestiones personales que, por su naturaleza, no pueden realizarse fuera del horario laboral. Su propósito no es el descanso, sino la conciliación de la vida laboral con las obligaciones personales cotidianas.

4.2. El Derecho de la Unión Europea como Límite Interpretativo

Un segundo argumento capital se centra en los límites del Derecho de la Unión Europea. La parte demandante pretendía aplicar por analogía la doctrina del TJUE que protege el disfrute de las vacaciones en caso de IT. Sin embargo, la sentencia aclara que esta protección reforzada se aplica exclusivamente al período mínimo de cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, garantizado por el artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE.

Los días de asuntos particulares, al ser una mejora establecida por la normativa nacional (TREBEP) o convencional (Convenio Colectivo), quedan fuera del ámbito de aplicación de dicha Directiva. Por tanto, no están amparados por la jurisprudencia comunitaria sobre el disfrute post-IT, y cualquier intento de analogía carece de base jurídica.

4.3. La Interpretación Sistemática y Teleológica: El "Silencio Cualificado" del Legislador y del Convenio

Un argumento dirimente en el fallo es la interpretación del "silencio cualificado" del legislador. Tanto el TREBEP (Art. 50) como el Estatuto de los Trabajadores (Art. 38.3) fueron reformados explícitamente para incorporar la doctrina del TJUE y regular la recuperación de vacaciones en caso de IT. Significativamente, en ninguna de esas reformas se incluyó una previsión similar para los días de asuntos particulares. La magistrada interpreta esta omisión no como un descuido o una laguna legal, sino como una decisión deliberada del legislador de tratar ambos permisos de forma diferente.

Este mismo razonamiento se traslada al ámbito del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Valladolid. El contraste entre la detallada previsión del artículo 61.6 (que regula la recuperación de vacaciones post-IT) y la ausencia total de una cláusula similar en el artículo 69.f) (asuntos particulares) refuerza la conclusión de que los negociadores del convenio tampoco tuvieron la intención de equiparar ambos derechos.

4.4. La Inaplicabilidad de los Precedentes Invocados por el Demandante

Finalmente, la sentencia desmonta el principal precedente invocado por la parte actora: la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio de 2014, Sala de lo Contencioso Administrativo. Explica que dicha resolución no establece una doctrina general extrapolable, ya que se basó en un supuesto de hecho muy concreto y excepcional: la Administración (el Tribunal de Cuentas) había denegado el permiso apartándose de su propio informe técnico interno, que era favorable a la concesión. Por tanto, el fallo del Supremo se centró más en la falta de motivación de esa denegación que en establecer un derecho general a la recuperación de los días de asuntos propios.

5. Lecciones Prácticas para el Funcionario Local

Sintetizando las advertencias anteriores, se pueden destilar los siguientes principios rectores, positivos y fáciles de recordar, para el gestor público responsable de los recursos humanos en la administración local.

1. La naturaleza jurídica de cada permiso es determinante. No todos los permisos retribuidos son iguales ni tienen la misma protección. Su finalidad específica (descanso y salud vs. gestión personal) define su régimen jurídico y, en consecuencia, sus límites y posibilidades de disfrute.

2. El Convenio Colectivo es la norma principal a aplicar. La interpretación debe partir siempre de la literalidad del convenio. Las soluciones de otras normas (TREBEP, ET, Derecho de la UE) solo aplican si el convenio se remite a ellas o si regulan mínimos que el convenio debe respetar, lo que, como se ha visto, no ocurre en el caso de la recuperación de días de asuntos propios por IT.

3. La seguridad jurídica exige motivación. Las decisiones de denegación no pueden ser arbitrarias. Deben estar sólidamente fundamentadas en la normativa y la jurisprudencia aplicables, como las citadas en la sentencia de Valladolid. Una resolución bien motivada no solo es la mejor defensa ante una posible impugnación, sino que también es un acto de transparencia y buena administración.

Estas lecciones refuerzan una gestión de personal rigurosa, justa y apegada a la legalidad.

6. Conclusión: La Ratificación de una Frontera Jurídica Clara

La sentencia analizada del Juzgado de lo Social Nº 3 de Valladolid no es una resolución aislada, sino la confirmación de una doctrina jurisprudencial mayoritaria que establece una distinción tajante e insalvable entre el régimen jurídico de las vacaciones anuales y el de los permisos por asuntos particulares. Su valor reside en la claridad con que sistematiza los argumentos que sustentan esta separación.

La solución jurídica correcta, en ausencia de una previsión expresa en la ley o en el convenio colectivo aplicable, es que los días de asuntos particulares no disfrutados a causa de una incapacidad temporal no generan un derecho a su disfrute posterior. La razón fundamental es que su finalidad no está ligada a la protección de la salud y el descanso, que es el pilar que sostiene el régimen especial de protección de las vacaciones.

En definitiva, este fallo ofrece a los gestores de personal de las administraciones locales un criterio claro, seguro y bien fundamentado para resolver este tipo de solicitudes. Al hacerlo, no solo se dota de herramientas para una gestión eficiente, sino que se fortalece la seguridad jurídica de sus actos, contribuyendo a prevenir litigios innecesarios y a garantizar una aplicación coherente y equitativa de las normas que rigen las relaciones de empleo público.